jueves, 17 de junio de 2010

EL CONSTITUCIONALISMO LATINOAMERICANO



ATTE:EDUARDO ADRIAN BAZ SANTIAGO

1. Nos encontramos en la proximidad de la conmemoración del segundo
centenario del Grito de Independencia en América Hispana, memoria ésta que
sujeta el esfuerzo de autocomprensión de nuestros pueblos a la interrogación
sobre el significado actual y los resultados de esa gesta. La oportunidad nos
impulsa a los latinoamericanos a un escrutinio no sólo de los acontecimientos
bicentenarios, susceptibles ahora de ser considerados sine ira et studio como
recomienda Horacio, sino también al largo porvenir que entonces asumimos
bajo el signo de la autodeterminación y, como desenlace, a la consideración del
presente actual del continente y el futuro que desde esta plataforma puede
avizorarse.
No es mi propósito del momento, porque no es este un congreso de
historiadores ni yo pretendo ser uno de estos, detenerlos a ustedes en la
interrogación sobre la utilidad y justicia de haber puesto fin entonces al largo
sosiego de la vida colonial que fue, infortunadamente, la señal del comienzo de
la matanza entre nosotros después de haber asumido en todos los escenarios
de la América Española una larga y cruenta guerra civil con la metrópoli. Baste
recordar que como consecuencia de la emancipación reemplazamos el siglo
XIX español, que alguien calificó como un “siglo estúpido”, por nuestra propia
versión de la turbulencia política sin pausa y de la esterilidad económica y
social. Pero sin duda fue mérito indiscutible de la independencia habernos
puesto tempranamente en camino del Estado de Derecho, una aspiración
todavía sin nombre a comienzos de la centuria, pero ya con materialidad ética
suficientemente densa en las conciencias iluminadas de nuestros próceres
como para haberse constituido en la fuerza motriz del movimiento que nos llevó
a la adquisición de la soberanía.

LA DEMOCRACIA COMO ASPIRACION DE LA REVOLUCION EMANCIPADORA
2. Cualquiera que sea el juicio que formulemos sobre la borrascosa trayectoria
recorrida por nuestros pueblos a lo largo del siglo XIX primero, en búsqueda
cada uno de ellos de una identidad nacional, intuida más que lograda, y en la
afirmación del ser nacional autónomo, a través de procesos zigzagueantes, lo
menos que puede reconocerse como mérito de la historia propia de cada uno
de los estados latinoamericanos es que todas esas vicisitudes y afanes
tuvieron como impulso común e invariable la búsqueda, bajo moldes diversos,
contradictorios y frecuentemente antagónicos, de interpretar la democracia
como forma de vida y de apropiárnosla efectivamente como el signo de nuestro
discurso del poder. Y luego, definidas las fronteras, identificados los conjuntos
humanos llamados a convertirse en naciones, lograda la identidad geográfica
de cada una de ellas, vivimos en la segunda mitad del siglo XX la realidad de la
democracia en estado de sitio que a esta parte del escenario mundial le impuso
la condición que adquirió de territorio marginal del enfrentamiento de las
potencias mundiales en la guerra fría. Al final de este recorrido, el escenario
simplificado nos muestra a Latinoamérica como una región del mundo ganada
para la democracia, por lo menos en cuanto disposición arquitectónica del
aparato del Estado y como régimen del acceso al poder. Hoy los regímenes de
fuerza y los golpes de cuartel parecen más materia de recuerdo infausto que de
las probabilidades del futuro. La democracia, en su concepción limitada y
primitiva pero al mismo tiempo insustituible como régimen de la asignación del
poder al que sólo se puede acceder legítimamente, donde “legítimamente”
quiere decir sólo a través de elecciones libres, es un logro generalizado de
nuestra cultura política.

Esta es la plataforma desde la cual se despliega el horizonte de nosotros los
juristas contemporáneos y, en general, de los ciudadanos de esta parte del
mundo. Obtenida por fin la democracia que fue objeto de tantas y tan
sangrientas luchas y de tan portentosos esfuerzos, hemos alcanzado lo que, si
me permiten hablar en términos aristotélicos, es sólo su “causa formal”. Esta,
naturalmente, no agota la fecundidad de la idea democrática que sólo se actúa
en profundidad a través de lo que el mismo lenguaje llamaría su “causa final”,
ésto es, en la dimensión axiológica y social de la democracia, que en los
tiempos que nos tocaron en suerte encarna el Estado Social. Esto, sabiendo
siempre que en vano se intentaría vislumbrar los horizontes de la democracia
social ni sus promesas de preservación de la dignidad humana, de imperio
eficaz de los derechos fundamentales, de justicia para todos, de igualdad, de
mínimos de bienestar difundidos en toda la población, sin la previa
consolidación de la fragmentaria democracia clásica.

4. La continuidad del proceso histórico nos pone entonces enfrente a una tarea
concreta: llevar hasta su razonable culminación los contenidos axiológicos de la democracia moderna en nuestras sociedades. La democracia no trata ya del
poder sino de los pueblos, y ello entraña una intensa exigencia de búsqueda de
la integración y de la inclusión sociales que amalgamen en la Nación todavía
desarticulada aquellos estratos de la población, grupos étnicos y clases
sociales que todavía están marginados de los logros que, pese a todo,
representa el grado de desenvolvimiento económico que hemos alcanzado, y,
desde luego, intensificar éste y distribuir sus resultados con mayor justicia y
equidad que en el pasado. Liberados en buena parte del temor sobre nuestras
libertades y sobre nuestra libertad en singular, el propósito de los esfuerzos
colectivos tiene que ser el de ensanchar progresiva e incesantemente la vigencia de la igualdad entre los componentes de nuestras comunidades, y de
los derechos humanos en quienes siguen siendo víctimas de la violencia
política y social.

Así es como concibe la democracia que se nos ofrece para el presente siglo la
Carta Democrática Interamericana proclamada por los jefes de estado reunidos
en Lima el 11 de septiembre de 2001, fecha que para el mundo, incluidos
nosotros, mantendrá siempre el recuerdo de su escalofriante amenaza, pero
que en la memoria de los latinoamericanos está llamada a asociar también una
connotación propia de signo promisorio, si el empeño político de nuestras
sociedades logra extraer de la Carta toda su potencialidad como guía de la
empresa de consolidar con sus ofertas la versión moderna de la
autodeterminación.

El documento, que la opinión pública de nuestros países ha tomado en
consideración primordialmente en aquellos aspectos suyos que parecen reflejar
la preocupación prioritaria de sus autores, que la encamina a proponer
estándares de comportamiento de los estados para el refinamiento de los
mecanismos y dispositivos propios de la democracia representativa en procura
de su autenticidad y su fortaleza, de un lado, y de otro, al establecimiento de
esquemas de conducta interestatal en el sistema americano en orden a
salvaguardar a cada uno de los Estados miembros del riesgo de eventual
advenimiento de regímenes de fuerza en el futuro, tiene sin embargo un sentido mucho más hondo por el cual merece ser apropiado por la conciencia
ciudadana, presente en las cláusulas de sus capítulos II (LA DEMOCRACIA Y


LOS DERECHOS HUMANOS), III (DEMOCRACIA, DESARROLLO INTEGRAL Y COMBATE
A LA POBREZA) y VI (PROMOCION DE LA CULTURA DEMOCRATICA). Es en los
trece artículos que los componen donde está condensada la esencia de la
democracia que se postula para nuestros pueblos con la consagración de
instituciones, principios, reglas, y con la formulación de propuestas que en su
conjunto apuntan hacia el elevamiento cualitativo de las democracias
electorales al nivel propio de la democracia madura en una sociedad política
contemporánea.

4. Aquí está plasmada una de las líneas conductoras del desenvolvimiento del
Derecho Latinoamericano que los juristas estamos obligados a identificar como
nuestro propio compromiso: la apuesta por la igualdad, el crecimiento y la
difusión de sus logros colectivos de bienestar entre todos los componentes de
la comunidad, acompañados del destierro de toda forma de marginación y de
exclusión corresponden, en el plano práctico, a la profundización del principio
de igualdad a través de la tarea cotidiana de la jurisdicción como guardiana y
promotora de los derechos económicos, sociales y culturales que a los poderes
políticamente activos compete conducir a estándares progresivamente más
altos y más generalizados en provecho de toda la población. La democracia
como paradigma para nuestros ordenamientos político – institucionales y para
el régimen de las relaciones entre grupos e individuos tiene esa versión
concreta y específica: el desarrollo de los derechos económicos, sociales y
culturales no sólo como proyección del Derecho Público Internacional del
Continente sino en la plasmación más desarrollada y concreta de nuestros
propios ordenamientos domésticos. Pero, sobre todo, la dotación a estos
derechos, a los de participación política y a los intereses difusos propiamente
tales, de un sistema eficaz de acciones jurisdiccionales que determine el
avance de su efectividad en el cumplimiento de los textos normativos. La
conclusión específica que surge de este análisis postula como lineamiento y
horizonte del desarrollo del Derecho latinoamericano la profundización y
fortalecimiento del tipo de acciones de protección específica para los derechos
sociales, de las pretensiones de igualdad y de lucha contra la discriminación y
la exclusión mediante facultades de acceso a la jurisdicción del tipo de las
acciones de grupo, acciones populares y acciones de cumplimiento, cuyos
nítidos contornos diferenciadores de los mecanismos procesales de garantía de
las libertades, y su dotación de una fuerza similar, constituyen un desafío
insoslayable.

5. En mi entender entonces el problema con respecto a la primera dimensión
de las aspiraciones que informaron la gesta emancipadora, es bien claro:
también lo es que avanzar en la disipación de los obstáculos para la vigencia
plena de la democracia material es el reto del derecho y de los demás
instrumentos de acción social para los decenios que siguen. Y también lo es
que ese diagnóstico y las vías de acción están de alguna manera plasmados en la Carta Democrática.

REALIZADO POR: EDUARDO ADRIAN BAZ SANTIAGO

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